Denuncian a la CIDDHH de la OEA a Sodalitium, Poder Judicial e Iglesia Católica-Perú
     
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Denuncian a la CIDDHH de la OEA a Sodalitium, Poder Judicial e Iglesia Católica-Perú
   
 
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COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Organización de los Estados Americanos

FORMULARIO PARA PRESENTAR PETICIONES SOBRE VIOLACIONES
A LOS DERECHOS HUMANOS

I. PERSONA O GRUPO DE PERSONAS QUE PRESENTAN LA PETICIÓN SOBRE VIOLACIONES COMETIDAS EN SU CONTRA (“VÍCTIMA”) O COMETIDAS EN CONTRA DE OTRA PERSONA O GRUPO DE PERSONAS (“PETICIONARIO”)

Nombre : Fernando GERDT TUDELA

e-mail : fergerdt@star.com.pe

Información de contacto

Dirección Postal: Av. Bolognesi Nº 313
Yanahuara
Arequipa – Perú
Teléfono : +51-54-983-3602
Fax : +51-54-205436 (Pedir tono, no es dedicado)

¿Desea usted que la CIDH mantenga su identidad en reserva durante el procedimiento? : No

II. ESTADO (MIEMBRO DE LA OEA) RESPONSABLE POR LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS ALEGADAS POR EL PETICIONARIO:

República del Perú

III. HECHO O SITUACIÓN DENUNCIADA:

Relate los hechos especificando el lugar y fecha de las violaciones a los derechos humanos alegadas por usted.

El origen de esta violación de Derechos Humanos empieza cuando funcionarios del BancoSur del Perú, luego Banco Santander Central Hispano Perú y hoy en día Banco de Crédito del Perú, sustraen un título valor - pagaré declarado nulo judicialmente y en base a él inician un juicio ejecutivo - ejecución de garantías, consiguiendo que con la comisión de un delito perseguible de oficio, se me inicie un juicio, proceso Nº 659-97 actualmente en el 4º Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Arequipa, en el cual ilegal y fraudulentamente pierdo mi hogar ubicado en un barrio residencial y exclusivo de esta ciudad. Mi hogar tiene una extensión de 3600 mts. cuadrados, terreno valorizado en US $ 150 por metro cuadrado (US $ 540.000,-) y la casa ubicada en este terreno tiene un área de 450 mts. cuadrados, esta casa, está valorizada en US $ 200.000,-; es decir, que esta propiedad está valorizada a precio de mercado en US $ 740.000,-

Como consecuencia de este ilegal juicio, en el cual la comisión de un delito paradójicamente origina un acto jurídico válido, mi hogar entró a un remate judicial, los adquirientes Sodalitium Christiane Vitae (Sodalicio de Vida Cristiana - Asociación Civil San Juan Baustista) secta que es parte de la Iglesia Católica, se adjudican dolosamente mi hogar con un cheque sin fondos, título valor cuya conformidad sólo es posible luego de 8 meses y medio, cuando el término legal es de tres días.

Es obvio que la comisión de un delito perseguible de oficio, cual es la adulteración y posterior sustracción del referido pagaré, el que fuese declarado nulo por el propio Poder Judicial, no puede originar un acto jurídico válido, mucho menos una sentencia que me prive y despoje fraudulentamente de mi hogar.

Estos hechos que describo han originado que haga actos de Defensa Posesoria y se inicie un juicio contra los adjudicatarios del remate, la Asociación Civil San Juan Bautista - Sodalicio de Vida Cristiana, de Nulidad de Acto Jurídico, Expediente Nº 2021-2002, Juez Eloy Zamalloa Campero y Secretaria Isabel Huanqui, pendiente de resolución por un año y cuatro meses en el 4º Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Arequipa, cuando los términos legales no exceden nunca de 50 días.

También tengo pedidos de Tutela Jurisdiccional - Acciones de Amparo, que tienen un año y un mes pendiente de resolverse, siendo los términos legales jamás mayores de 1 mes.

Todos estos delitos e infracciones constitucionales, como son prevaricato, abuso de autoridad, fraude procesal, defraudación, vulneración de Derechos y Garantías Constitucionales como son el Debido Proceso, Tutela Jurisdiccional, Igualdad ante la Ley, Derecho de Propiedad, nos hemos dado con la sorpresa que son cometidos por los Magistrados tanto de Primera como de Segunda Instancia por el hecho positivo y notorio que éstos son miembros activos de la Iglesia Católica, como paso a demostrar:

El representante del Sodalicio de Vida Cristiana y apoderado de la Asociación Civil San Juan Bautista, y principal interesado en despojarme de mi hogar, pretendiendo arrojar a la calle con métodos violentos y criminales a la madre de mis hijos y a dos pequeños de 7 y 5 años de edad, es el sacerdote católico Javier Len Alvarez, quien ha llegado al extremo en una pretendida ejecución de sentencia, de ejecutar un lanzamiento contratando a más de cien hampones, con la pasividad del Juez Kenneth Del Carpio Barreda quien tiene a su cargo el ilegal proceso Nº 659-97 de ”ejecución de garantías”, les dio título de “Auxiliares Judiciales” hecho positivo y notorio que contaba con la anuencia de los magistrados católicos de la Corte Superior de Arequipa.

Llegando a un extremo, el Vocal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Sergio Segundo Escarza Escarza, en acción pasible de sanción penal, se permitió sustraer de la custodia de la Primera Sala Civil el íntegro de expediente de ejecución, entregándolo ilegal y dolosamente al abogado de la Iglesia Católica, este hecho fue comprobado por el Fiscal de Prevención del Delito.

La ingerencia de la Iglesia Católica en el Poder Judicial del Perú y en particular en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, es tal, que el proceso penal Nº 154-2003, en el Noveno Juzgado Penal, iniciado por el referido sacerdote católico Len Alvarez, el señor Juez actuaba recibiendo órdenes directas del Arzobispado, lugar donde trabaja como secretaria del Arzobispo de Arequipa, Monseñor Rios Reinoso, la esposa del Juez del Noveno Juzgado Penal de Arquipa, doctor Eloy Orozco, la Señora Arlette Occola, que pretendía favorecer descaradamente en base a su filiación católica al sacerdote católico denunciante, Javier Len Alvarez.

Ante este insólito hecho, el Estudio de Juristas que me patrocina, Estudio Núñez-Borja Abogados, representado por el Doctor Alberto Núñez-Borja Castro, recusó al Juez, impugnación que no fue aceptada por el Magistrado de dicho Juzgado, en un primer momento, pero ante la certificación que su esposa trabajaba en el Palacio Episcopal, hecho positivo y notorio, tuvo que aceptar la recusación e inhibirse de seguir conociendo de dicho juicio.

El incidente fue derivado en apelación a la Tercera Sala Penal, cuyos magistrados, también católicos, pues han jurado ante la Biblia y tienen en frente de su mesa un crucifijo católico, también fueron recusados por mi abogado defensor en razón de su filiación religiosa y en lugar de aceptar la recusación se han aferrado a su jurisdicción y competencia, llegando al extremo de privarme del beneficio de la doble instancia, al negarse que sea la Corte Suprema de la República, la que en Segunda Instancia, revise la impugnación que se hizo al recusar a los vocales.

En un intento por privarme del asesoramiento de mi abogado, por el hecho de mencionar el texto claro y expreso de las "Reglas de Términos Procesales que deben Observarse en la Expedición de Resoluciones Judiciales" dispuestas por la Corte Suprema de la República, mi abogado ha sido denunciado por uno de los vocales de esta Tercera Sala Penal, el señor Aquiles Quintanilla Berríos, católico, apostólico y romano.

Es obvio que con esta actitud del vocal Aquiles Quintanilla Berríos, se está obligando a mi abogado a hacer lo que la Ley no manda e impidiéndole hacer lo que ella no prohibe, impidiéndoles el libre ejercicio de su profesión, esto es, conculcando elementales derechos humanos y pretendiendo que por el hecho positivo y notorio de asumir mi defensa y reclamar un debido proceso, se le amenaza con privarlo de su libertad individual y enviarlo a prisión, esto con la complicidad de su señora esposa, pues nos hemos enterado que la señora esposa del vocal Aquiles Quintanilla Berríos, es miembro del Ministerio Público, donde se estaría poniendo la denuncia y personalmente la estaría influyendo en su tramitación para tratar de encarcelar a mi abogado.

No puedo dejar de mencionar que a la Primera Sala Penal, ha llegado en apelación por segunda vez, una sentencia por segunda vez absolutoria del Primer Juzgado Especializado Penal, en el proceso 3515-2002, Secretario Dante Bustinza Oviedo, Juez José Luis Víctor Vilca Conde; iniciado por el sacerdote católico Javier Len Alvarez en mi contra. Curiosamente y en una resolución prevaricadora en todos sus límites extremos sin fundamentar la misma como ordena la Constitución Política del Perú, el vocal católico y también sodálite, doctor Carlos Luna Regal, favoreciendo en forma descarada a su inmediato superior jerárquico en la Iglesia Católica ha dispuesto la nulidad de la sentencia absolutoria de primera instancia, ordenando que pase a otro Juzgado donde sí se pueda tener la seguridad que se obtenga una resolución condenatoria y obviamente, adelantando opinión.

Este último párrafo lo fundamento y aclaro en el sentido que según el Código Canónico de la Iglesia Católica, de observancia obligatoria para todos los católicos, se ordena la obediencia ciega de los fieles hacia sus pastores sagrados, esto es a los sacerdotes católicos, y mal podrían emitir resoluciones en contra de los deseos, intereses ú ordenes directas de sus superiores jerárquicos, es decir, que los señores magistrados están sujetos a la autoridad de la Iglesia Católica y no a la de la Constitución Política del Estado Peruano y sus Leyes, instaurándose así de esa manera una clarísima discriminación por motivos religiosos en clara violación de mis derechos fundamentales consagrados por la Institución que Ustedes representan y a la cual acudo en via de Tutela Jurisdiccional, debiendo ordenarse que sean magistrados ajenos al poder de la Iglesia Católica quienes emitan resoluciones válidas en los procesos judiciales en los procesos en los que sacerdotes de la Iglesia Católica sean mis contrarios, en procesos constitucionales, civiles, penales o administrativos, o cualesquiera otro en que tenga que intervenir el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial o el Ministerio Público del Perú; pues ante todos los hechos positivos y notorios en que he fundamentado esta demanda, es obvio, que no tengo ninguna garantía de acceder a una recta Administración de Justicia.

Es obvio que estas Infracciones Constitucionales y Vulneración de Derechos Humanos, han ocasionado tanto a mi persona, mi familia y mi Abogado Defensor, irreparables daños y perjuicios, a la vez que un fuerte lucro cesante, sin poder dejar de mencionar el gravísimo daño moral ocasionado.

En el caso particular de mi Abogado Defensor, ante las amenazas del Vocal Aquiles Quintanilla Berríos que conllevarían el encarcelamiento de dicho profesional, su clientela se ha visto reducida de forma abrupta, pues nadie desea ser patrocinado por un letrado que está cuestionado por un Vocal Superior y un miembro del Ministerio Público, por lo que solicito en forma expresa se fije una reparación civil tanto para mi persona y mi familia, no menor a US $ 10’000,000 (Diez millones 00/100 dólares americanos) y para el Abogado Doctor Alberto Núñez-Borja Castro, una reparación civil no menor de US $ 10’000,000 (Diez millones 00/100 dólares americanos); reparación civil que deberá ser asumida en forma solidaria por el Estado Peruano, por el Sodalicio de Vida Cristiana en el Perú y la Iglesia Católica.

Además, como los integrantes de la secta del Sodalicio de Vida Cristiana no cumplen con una verdadera labor pastoral, antes bien se han dedicado, invocando el nombre de Dios, a generar riquezas no sólo en base a donaciones, sino también con una capacidad y ambición de riqueza que cualquier industrial o comerciante envidiaría, baste referir que son propietarios de cementerios, funerarias, casonas en la zonas más caras de la ciudad, perceptoras de alquileres y donaciones libres de impuestos, como también son dueños de universidades, institutos en los cuales se incentiva la práctica de la discriminación étnica y religiosa, y en este sentido al generar tanto dinero pueden adquirir a precio vil y comprando voluntades a cuanto funcionario público se ponga en su camino.

Esta práctica total y absolutamente afuera de los cánones y conducta a observarse dentro de una religión, como también el desmedido afán de lucro de los directores miembros de esta secta, es posible ante la pasividad de los feligreses, sean estos funcionarios públicos o funcionarios comunes y corrientes, pues la observancia y obediencia debida a sus patriarcas convierte a los magistrados en endebles personas humanas llenas de temor y que jamás podrían impartir Justicia, de lo que servirán Ustedes tomar debida nota.

Pruebas disponibles

Señalar los documentos que acreditan las violaciones arriba denunciadas y que puedan ser remitidos a la Comisión, por ejemplo, piezas de expedientes judiciales, informes forenses, fotografías, filmaciones, etc. (No adjuntar originales sino copias. En principio no es necesario que las copias sean certificadas por funcionario o notario público).

Según los siguientes anexos cuya copia envío:

Anexo 1. Escrito Nº 10 de fecha 1 de octubre del 2004, en el proceso 154-2003, ante el Noveno Juzgado Especializado en lo Penal, de solicitud de Inhibición al Juez por ser católico.

Anexo 2. Resolución del Noveno Juzgado Especializado en lo Penal de fecha 5 de octubre del 2004, en el proceso 154-2003, que rechaza la inhibición propuesta.

Anexo 3. Escrito Nº 11 de apelación de fecha 13 de octubre del 2004, ante el Noveno Juzgado Especializado en lo Penal en el proceso 154-2003.

Anexo 4. Escrito Nº 12 de fecha 4 de noviembre del 2004, en el proceso 154-2003, ante la Tercera Sala Penal, solicitando informar oralmente.

Anexo 5. Escrito Nº 13 de fecha 4 de noviembre del 2004, en el proceso 154-2003, ante la Tercera Sala Penal, adjuntando las Conclusiones al Informe Oral.

Anexo 6. Resolución de la Tercera Sala Penal, A: 1286, de 5 de noviembre del 2004, que declara improcedente la inhibición del Juez y de los Vocales.

Anexo 7. Escrito Nº 16 de fecha 11 de noviembre del 2004, en el proceso 154-2003, ante la Tercera Sala Penal, deduciendo Nulidad.

Anexo 8. Resolución de la Tercera Sala Penal, A: 1362, de 17 de noviembre del 2004, que declara improcedente la nulidad deducida.

Anexo 9. Escrito Nº 20 de fecha 23 de noviembre del 2004, en el proceso 154-2003, ante la Tercera Sala Penal, solicitando Aclaración.

Anexo 10. Escrito Nº 21 de fecha 23 de noviembre del 2004, en el proceso 154-2003, ante la Tercera Sala Penal, apela improcedencia nulidad deducida.

Anexo 11. Resolución de la Tercera Sala Penal, A: 1518, de 17 de diciembre del 2004, violatoria de Derechos Fundamentales.

Anexo 12. Escrito Nº 27 de fecha 30 de diciembre del 2004, en el proceso 154-2003, ante la Tercera Sala Penal, apela resolución de 17 de diciembre del 2004 a la que no se le ha dado trámite.

Anexo 13. Escrito Nº 15 de fecha 12 de noviembre del 2004, en el proceso 154-2003 ante el Noveno Juzgado Especializado en lo Penal, de Recusación al Juez por ser católico y tener además una esposa que trabaja para el Palacio Arzobispal de Arequipa, esto es, que depende económicamente de de la Iglesia Católica.

Anexo 14. Resolución de fecha 16 de noviembre del 2004 del Noveno Juzgado Especializado en lo Penal mediante la cual el Juez Orozco acepta su recusación porque su esposa trabaja para el arzobispado y porque el demandante es un sacerdote católico.

Anexo 15. Queja a la Oficina de Control Interno del Ministerio Público.

Anexo 16. Queja al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en su calidad de Jefe de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura.

Identificar a los testigos de las violaciones arriba denunciadas. En caso de que hayan rendido declaración ante las autoridades judiciales, remitir copia del testimonio correspondiente o señalar si es posible remitirlo en el futuro.

No

Identificar a las personas y/o autoridades responsables por los hechos arriba denunciados.

De El Poder Judicial – Corte Superior de Justicia de Arequipa:

Eloy Orozco Vega, Juez del Noveno Juzgado Especializado en lo Penal de la Corte Superior de Arequipa.
Aquiles Quintanilla Berríos, Vocal de la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Arequipa.
Sergio Segundo Escarza Escarza, Vocal de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa.
Carlos Luna Regal, Vocal de la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Arequipa.

De la secta de la Iglesia Católica denominada Sodalicio de Vida Cristiana:

Javier Len Alvarez, sacerdote católico del Sodalicio de Vida Cristiana.

De la Iglesia Católica:

José Paulino Rios Reinoso, Arzobispo católico del Arzobispado de Arequipa.

IV. DERECHOS HUMANOS VIOLADOS (En caso de ser posible, especifique las normas de la Convención Americana u otros instrumentos aplicables que considere violadas por causa de los hechos arriba detallados)

Constitución Política del Perú:

Artículo 1: Persona Humana, fin supremo.
Artículo 2, numeral 1: Derecho a la Vida, Integridad Moral, Física y Psíquica, Libre Desarrollo y Bienestar.
Artículo 2, numeral 2: Igualdad ante la Ley, nadie debe ser discriminado por motivo de religión o de cualquier otra índole.
Artículo 2, numeral 3: Libertad de Conciencia y de Religión.
Artículo 2, numeral 23: Derecho a la Legítima Defensa.
Artículo 2, numeral 24, literal a): Nadie está obligado a hacer lo que la Ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohibe.
Artículo 2, numeral 24, literal d): Debido Proceso.
Artículo 3: amplitud de los Derechos de la Persona.
Artículo 139, numeral 3: Debido Proceso y Tutela Jurisdiccional.
Artículo 139, numeral 5: Motivación escrita de las resoluciones.
Artículo 139, numeral 8: El Principio de no dejar de Administrar Justicia.
Artículo 139, numeral 14: No ser privado del Derecho de Defensa.
Disposiciones Finales y Transitorias, Cuarta: Las normas relativas a los Derechos y las Libertades que la Constitución reconoce, se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.

Declaración Universal de Derechos Humanos:

Artículo 1: Todos los Seres Humanos nacen libres e iguales en Libertad y Derechos.
Artículo 2: Toda persona tiene los Derechos y Libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción de Religión.
Artículo 6: Todo Ser Humano tiene el Derecho en todas partes del reconocimiento a su Personalidad Jurídica.
Artículo 7: Todos son Iguales ante la Ley y tiene derecho a Igual Protección de la Ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los Tribunales Nacionales Competentes que la ampare contra actos que violen sus Derechos Fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley.
Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con Justicia, por un Tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus Derechos y Obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 17a: Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente.
Artículo 17b: Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Artículo 1: Obligación de respetar los Derechos.
Artículo 2: Deber de adoptar disposiciones de Derecho Interno.
Artículo 3: Toda persona tiene el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 8, Garantías Judiciales, numeral 1; numeral 2 literal h):
Artículo 12: Libertad de Conciencia y Religión.
Artículo 21: Derecho a la Propiedad Privada.
Artículo 24: Igualdad ante la Ley.
Artículo 25: Protección Judicial.
Artículo 44: Facultad de presentar a la Comisión Peticiones.

V. NOMBRE Y DATOS DE LA PERSONA O PERSONAS AFECTADAS POR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS ARRIBA SEÑALADAS, EN CASO DE SER DISTINTOS A LOS DE LA PERSONA O PERSONAS QUE PRESENTAN LA PETICIÓN (ver punto I)

Nombre : Luis Alberto Núñez-Borja Castro

e-mail : jhonnbc@terra.com.pe

Información de contacto
Dirección Postal: Av. Bolognesi Nº 315
Yanahuara
y/o Estudio Núñez-Borja Abogados
Palacio Viejo Nº 100-A Segundo Piso
Arequipa – Perú
Teléfono : +51-54-960-5192
Fax : +51-54-253730 (Pedir tono, no es dedicado)

¿Desea usted que la CIDH mantenga su identidad en reserva durante el procedimiento? : No

VI. RECURSOS JUDICIALES DESTINADOS A REPARAR LAS CONSECUENCIAS DE LOS HECHOS DENUNCIADOS

Detalle las gestiones emprendidas por la víctima o el peticionario ante los jueces, los tribunales o las autoridades administrativas del país responsable por los hechos denunciados. Señale si se ha visto impedido de iniciar o agotar este tipo de gestiones debido a que (1) no existe en la legislación interna del Estado el debido proceso legal para la protección del derecho violado; (2) no se le ha permitido el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; (3) hay retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

Si bien existe en la legislación interna del Estado, el Debido Proceso legal para la protección del Derecho violado, el hecho positivo y notorio que los magistrados pertenezcan a la Iglesia Católica, pues al acceder al cargo juran con las manos sobre la Biblia Católica, en los Juzgados ya sean civiles o penales, enfrente de los litigantes, en la mesa de los magistrados, en un lugar muy visible se pone un crucifijo católico, en los Juzgados Penales, la imagen católica del Señor de la Sentencia está encima de la cabeza de los magistrados, esto hace que la Iglesia Católica haga prevalecer la obediencia debida que deben los fieles a sus pastores sagrados – sacerdotes, como lo prescribe a todo católico el Código Canónico Católico, siendo en consecuencia que jamás un magistrado católico pueda contradecir o emitir resoluciones contrarias a los intereses de un sacerdote o de la Iglesia Católica y este es mi caso específico, llegándose al extremo de negar el acceso a la instancia plural; además, que hay un increíble retardo injustificado en las causas en las cuales litigo contra la Iglesia Católica y el sacerdote católico Javier Len Alvarez, habiéndose llegado al extremo, tal y como aparece de la resolución de un vocal de la Corte Superior, de amenazar con privar del ejercicio de su profesión a mi Abogado Doctor, Alberto Núñez-Borja Castro.

En caso de que los hechos denunciados involucren delitos de orden público (homicidio, torturas, etc.), señalar si se ha efectuado la investigación judicial correspondiente y su resultado o si se ha producido un retardo injustificado en alcanzar la decisión correspondiente.

No

En caso de que se hayan agotado los recursos judiciales destinados a reparar las consecuencias de los hechos denunciados, señalar la fecha en la cual la víctima fue notificada de la decisión final.

No

VII. INDICAR SI EL RECLAMO CONTENIDO EN SU PETICIÓN HA SIDO PRESENTADO ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS U OTRO ÓRGANO INTERNACIONAL DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS

No

OTROSÍ (01): Estamos remitiendo vía e-mail la presente Petición sólo en este texto específico sin anexos, y en una segunda vez, con sus anexos, esto es debido al tamaño del archivo electrónico que remitimos.

Adicionalmente, enviamos copia de esta Petición por Courier en forma de CD y con sus repectivos documentos.

OTROSÍ (02): Rogamos confirmar la recepción a los e-mail señalados.

Firma: Firma:

ALBERTO NUÑEZ BORJA FERNANDO GERDT TUDELA

Fecha: Arequipa, Perú, 21 de enero de 2005

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street, N. W.
Washington, D.C. 20006
USA

O por fax al número (202) 458-3992. También puede remitirse por correo electrónico a la siguiente dirección: cidhoea@oas.org


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